martes, 4 de noviembre de 2008

Ola de ataques a organismos de derechos humanos en la región


La ola de ataques a los organismos de derechos humanos no es un fenómeno que afecte exclusivamente a las ONG en el Perú. Va presentándose como una tendencia regional.

Tanto Perú, Colombia como Venezuela, pese a las diferencias respecto de los procesos políticos y sociales que vienen atravesando, y las distancias evidentes en cuanto a régimen político, muestran sí una interesante unanimidad cuando se trata de descalificar a organismos que cuestionan su proceder en el tema de la democracia y vigencia de derechos.

En el Perú la hostilización se ha vuelto algo regular. Por un lado, se somete a las ONG de Derechos Humanos a hostigamientos diversos, que incluyen el recurso a medios legales de supervisión, como los de APCI, pero distorsionando su naturaleza, transformándolos de herramientas de supervisión en mecanismos de presión. Además, en escenarios de conflicto social, los defensores de derechos soportan amenazas, persecuciones y agresiones directas.

Lo curioso es que en el Perú también es objeto de fiscalización una institución que ya no existe. La Comisión de Defensa del Congreso de la República, en un afán de vigilancia ucrónico notable, ha exigido a los miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (desactivada en 2003) que rindan cuentas de sus gastos y metodología.

Se trata evidentemente de desestimar los resultados del trabajo de las ONG y de la CVR en materia de justicia y reparaciones. Y de este modo, ganar espacios en una batalla por la impunidad para los responsables que aún sigue disputándose, en diferentes frentes y con diferentes metas posibles para los grupos pro impunidad, donde lo máximo a que aspiran sería una nueva ley de amnistía y lo mínimo, beneficios o trato diferente para militares y policías involucrados en crímenes.

Llama la atención la similar reacción de dos gobiernos que para otras cosas han mostrado ser como el agua y el aceite. Tanto Hugo Chávez en Venezuela como Álvaro Uribe en Colombia han atacado con gruesos calificativos a los organismos de derechos humanos y prácticamente los han colocado en situación de indeseables para sus respectivos países.

Hace solo un mes aproximadamente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expulsó del país al director de Human Rights Watch (HRW), el chileno José Miguel Vivanco, porque esta institución presentó un informe muy crítico sobre la situación de derechos, titulado Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos. En una acción de película, Vivanco y el Sub Director, fueron trasladados con resguardo militar hacia Brasil en horas de la madrugada. Varios funcionarios señalaron que Human Rights Watch era una “organización fachada de EEUU” y convocaron una gran manifestación de “repulsa a la injerencia”.

Hace solo 2 días, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, arremetió contra Amnistía Internacional y también contra la vapuleada Human Rights Watch (HRW). Nuevamente José Miguel Vivanco fue objeto directo de ataques directos. Uribe señaló: “Quiero recordarle al señor Vivanco que él no es el profesor nuestro en Derechos Humanos y que no lo recibimos como tal y que aquí le perdimos el respeto hace mucho rato”. ¿La causa? La misma que encolerizó a los vecinos de Caracas. A mediados de octubre HRW emitió un informe en el que acusaba a Uribe de entorpece las investigaciones contra los paramilitares.

Un detalle que llama la atención es que, mientras Uribe acusa a Human Rights Watch de complicidad con las guerrillas de las FARC, Chávez los acusa de instrumentos del “imperialismo yanqui”.

La situación muestra un aumento de la intolerancia en las altas esferas del poder y en resumidas cuentas, la intención de actuar en temas de grave interés público, libres de vigilancia ciudadana.

Vealo tambien en el blog de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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